¿Seremos capaces de cambiar la actitud? (Miguel Luis Amunátegui en editorial de El Mercurio, 31 de julio)

No es compatible con la democracia, el buen gobierno y los intereses de largo plazo del país este cuadro de intransigencia política. No lo es tampoco la creencia de que la regla mayoritaria permite imponer lo que se ofrezca, con el carácter de señores y dueños. Tampoco lo son, en el caso TVN, las poco sensatas declaraciones de su presidente, seguidas del intento gubernamental de nombrar, en su Consejo, a un proselitista que buscara, al parecer, alterar una independencia y pluralismo que desagradan en Palacio. Más grave aún ha sido el caso de la ministra de Educación, tratándose de una materia de la más alta trascendencia nacional, destinada a determinar por los próximos 50 a 100 años la calidad de la educación de todos los niños de Chile, y el futuro del propio país. Alejándose de nuestra más que centenaria tradición de reflexión y análisis en la materia, precipitó una votación en la Comisión de Educación del Senado para aprobar, por un voto, la idea de legislar un proyecto de sustitución de la LOCE, del que el Instituto de Chile advierte que no permite comprender su sentido, la concepción que lo anima ni la significación de sus conceptos capitales; menos aún que su presencia y la de sus academias se borre de una plumada.

En este sentido es decidora la pugna que se ha dado entre los ministros Viera-Gallo y Velasco; el primero, en la sana doctrina democrática, de que en cuestiones institucionales de la naturaleza de las mencionadas deben existir entendimientos entre la mayoría y la minoría, y el segundo, que opta, hasta el fracaso, por "poner en orden" las filas para imponer la mayoría. Es que algunos parecieran creer que en la democracia no manda otro elemento que la mayoría. Pero eso no es gobernar. Sólo es ejercer una cruda subcultura de operadores del poder.

Con Locke, el principio mayoritario se constitucionaliza, disciplina y controla; con Jefferson, entenderíamos que esa voluntad obligatoria, para ser justa, debe ser razonable; con Sartori, que ésta no sólo se vincula a la racionalidad, como se comprueba desde el medievo, en que la noción de la mayor pars se vinculó por siglos a la melior, sanior y valentior pars, y aun con Rousseau, que la propia noción de voluntad general es también cualitativa; vincula taxativamente la voluntad general a la condición de ser general, en esencia y en su objetivo. Así, el mero principio mayoritario, sin estas calificaciones, no es más que un mal menor; un instrumento al que nos sometemos porque es mejor que la fuerza o la decisión del déspota. Pero el número no hace la razón.

Vale aquí recordar que en 1988, cuando RN propuso específicas modificaciones a la Constitución, para democratizarla y hacerla más compatible con las opiniones de la oposición al régimen, todos entendieron que se obedecía a la idea de una democracia consociativa en la que, en materias de trascendencia institucional, la mayoría debía encontrar acuerdos con la minoría. Frutos de tal predicamento fueron la conformación de la Comisión Técnica RN-Concertación que dio lugar a la primera e importante reforma constitucional y, también, la leal colaboración de RN prestada al gobierno de Patricio Aylwin, para una exitosa transición. Eso es propio de una democracia culta, pero, lamentablemente, no parece ser ésta la disposición del Gobierno actual.

¿Seremos capaces de cambiar la actitud?

MIGUEL LUIS AMUNÁTEGUI M.
Decano, Facultad de Ciencias Jurídicas
Universidad Andrés Bello